Resumen: El delito de quebrantamiento de medida cautelar no requiere un especial ánimo o finalidad que pretenda buscarse. Con la infracción de la prohibición de acercamiento es suficiente con conocer la existencia de una resolución judicial en que se acuerde esa prohibición y la realización de actos directamente encaminados a infringirla. El hecho de que no exista un acta escrita de entrega de las grabaciones a la Policía Judicial no permite, sin más, cuestionar seriamente la legalidad de la obtención y la autenticidad de las grabaciones. La quiebra de la cadena de custodia se plantea como mera hipótesis, sin aportar ni un solo indicio de que las imágenes analizadas y valoradas hayan sido alteradas o manipuladas.
Resumen: Aunque el recurrente ampara su reclamación de interés en el hecho de que el contrato en su día suscrito entre las partes fue declarado nulo y que por tanto las partes recíprocamente deben restituirse las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor, debiendo la parte que resulte culpable indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido, es lo cierto que, en el presente supuesto ante la imposibilidad de volver las cosas a su estado inicial desde el inicio se ha reclamado una indemnización sustitutoria cuyo importe ha sido el objeto de los diversos recursos existentes entre las partes y en lo que no se ha incluido reclamación de intereses alguna por lo que ahora, en ejecución de dichas resolución, tampoco es posible acceder a dicha pretensión no articulada. Junto a ello también hay que indicar que la cantidad reclamada en concepto de indemnización ha sido ilíquida hasta su determinación en el auto recurrido -al reclamar la actora por conceptos que no eran procedentes- por lo que dicha cantidad no ha podido devengar intereses.
Resumen: Se confirma en alzada la condena al acusado por conducir con una tasa de alcohol en aire expirado de 0,93 y 0,80 mg. en las dos tomas consecutivas realizadas, presentando síntomas compatibles con dicha ingesta. Previo examen del alcance del control de la valoración probatoria realizada en la instancia que corresponde hacer al tribunal de apelación, se desestiman las quejas del recurrente por vulneración de la presunción de inocencia y del principio in dubio por reo, y por error en la valoración de la prueba. Valor acreditativo de los agentes de policía actuantes. Criterios para la valoración de la prueba indiciaria. Sí se estima en alzada la queja por indebida inaplicación de la atenuante la de dilaciones indebidas, atendida la duración total del procedimiento (4 años) y el hecho de que se tardara dos años en celebrar la vista oral en el Juzgado de lo Penal.
Resumen: Los acusados fueron condenados como autores de un delito contra el medio ambiente. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de un juzgado de lo penal, rebajando las sanciones impuestas aplicando de oficio la atenuante de dilaciones indebidas. Recurre el Ministerio Fiscal. El recurso se estima. La sentencia impugnada aprecia la atenuante como muy cualificada en atención al elevado periodo de tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. La Sala, tras repasar los presupuestos que deben concurrir para apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy calificada, concluye que la atenuante ha sido aplicada incorrectamente en el presente caso. El tiempo para valorar la existencia de dilaciones debe computarse desde la imputación formal de los responsables penales hasta la fecha de la sentencia. En este caso la admisión de la querella tuvo lugar en septiembre de 2017 y el juicio se celebró el noviembre de 2021 por lo que la duración del proceso ha sumado un total de cuatro años y dos meses, habiéndose declarado que no existieron retrasos significativos durante esa tramitación, tratándose de un proceso solo con relativa complejidad. En atención a esas circunstancias no resulta admisible que se haya apreciado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 6.2.e) de la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, a efectos de determinar si el mismo pudiera contradecir la jurisprudencia referida a qué debe entenderse por "criterios orientativos", contenida, entre otras, en STS de 18 de septiembre de 2023 (RCA 5336/2021), o si fuera necesario reafirmarla, complementarla, matizarla y, en su caso, corregirla o rectificarla.
Resumen: Se aborda la valoración de la prueba. El Tribunal afirma expresamente que la declaración de hechos probados deriva de una valoración conjunta y en conciencia de toda la prueba practicada. Se analiza de forma crítica la actitud del acusado, que se acogió a su derecho a no declarar, permitiendo al Tribunal extraer consecuencias desfavorables. Se descarta la versión exculpatoria del acusado sobre la ingesta alcohólica posterior al accidente por falta de verosimilitud objetiva (inexistencia de churrerías en la zona, distancias, tiempo) y por contradicciones con sus propias manifestaciones previas y con el atestado. Se otorga plena credibilidad a la prueba testifical policial y a la prueba pericial implícita derivada de la tasa descendente de alcoholemia, destacando los síntomas externos evidentes de embriaguez y la correcta realización de la prueba con etilómetro homologado. Se analiza la calificación jurídica, diferenciando con rigor los dos incisos del artículo 379.2 CP. El Tribunal realiza un extenso desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la exigencia de influencia alcohólica en el primer inciso y la objetivación del tipo en el segundo. Concluye que el caso encaja plenamente en el segundo inciso, al constar una tasa superior a 0,60 mg/l debidamente acreditada, lo que hace innecesario probar la influencia efectiva. Subsidiariamente, razona que aun por el primer inciso concurrirían los requisitos típicos, dada la sintomatología y el accidente causado.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena. Acusado que es condenado a una pena que le prohíbe acercarse a una distancia de la persona protegida, de su domicilio y de cualquier lugar en que se encuentre aquella y, no obstante ello, acude al centro hospitalario en que se encuentra ingresada la persona protegida. Delito de quebrantamiento de condena. Elemento subjetivo del delito de quebrantamiento. Dolo típico o conocimiento de la vigencia de la prohibición y la voluntad de incumplirla. Diferencias con las motivaciones del autor. Para el derecho penal la motivación del autor es indiferente. Basta con que con su acción incumpla conscientemente la orden de alejamiento.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena. Acusado condenado a pena de multa que, una vez declarada su insolvencia, cumple pena de localización permanente como modalidad de responsabilidad personal subsidiaria, ausentándose en cuatro días diferentes del domicilio en que debe cumplir la localización permanente comprometida. Presunción de inocencia y prueba de cargo del hecho típico. Valoración del testimonio de los agentes de policía que afirman no haber llamado al timbre de la puerta del domicilio en que el acusado debería permanecer en cumplimiento de la pena y no haber contestado nadie. Ausencia de una versión alternativa al acogerse el acusado a su derecho a no declarar durante la instrucción y no haber acudido al juicio oral, a pesar de haber sido citado formalmente.
Resumen: Se analiza la condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, subtipo agravado por el empleo de prevalimiento. Considera el recurrente que la condena se funda, como única prueba de cargo, en el débil testimonio de la menor de edad, que presenta evidentes rasgos de impersistencia, de incredibilidad subjetiva y objetiva.
Se analizan las revelaciones tardías. Estudios muy solventes sobre la fenomenología de los delitos sexuales cometidos sobre menores destacan que, en un significativo porcentaje, las víctimas retrasan durante años la revelación del hecho y, en su caso, su denuncia.
La doctrina especializada distingue tres clases de barreras para revelar y denunciar este tipo de delitos: las interpersonales, las socioculturales y las intrapersonales. La primera y segunda clase se refieren a las limitaciones para denunciar derivadas del hecho de que la víctima todavía se encuentre bajo la influencia o la dependencia del autor del delito ya sea material, económica o emocional.
En cuanto a los factores intrapersonales, algunos se relacionan con que las víctimas no tienen una precisa conciencia sobre si fueron o no objeto de agresión sexual. Ya sea porque no están seguras del significado que cabe atribuir a las experiencias vividas o porque desconfían de la mayor o menor genuinidad de los recuerdos. Otras víctimas, sin embargo, pese a ser completamente conscientes de la dimensión sexual de las conductas sufridas cuando eran menores, no denuncian con prontitud por la presencia de dificultades para hacerlo, consecuentes al propio proceso de victimización, como son la presencia de sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autorresponsabilidad y ansiedad.
Resumen: Presunción de inocencia. Para que pueda ser apreciada en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria.
